Desde abril el pueblo de Nicaragua está viviendo una creciente y alarmante ola de violencia y vulneración de los Derechos Humanos de la que Ingeniería Sin Fronteras Aragón no puede apartar la mirada. Informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el informe de Amnistía Internacional, “Disparar a matar”, son pruebas suficientes de la represión y violencia estatal. El último informe oficial del que tenemos constancia, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, confirmaba a fecha 10 de julio 351 personas fallecidas, de las cuales 306 eran civiles, 28 paramilitares, 16 policías y 1 miembro del ejército; 2.100 personas heridas y 261 desaparecidas.

Por todo ello desde ISF Aragón condenamos todo acto de violencia y abogamos por un diálogo nacional justo y en democracia donde el pueblo nicaragüense pueda decidir su futuro colectivo en libertad y seguridad. Pensamos que los Derechos Humanos son de cumplimiento universal, no entienden de ideologías ni partidos políticos. Es la línea ética y moral que marca dónde estamos y a qué bando defendemos…pero un amplio sector de la población suele esperar a saber si son de su bando o del otro. ¿Acaso cambia algo quién protagoniza los hechos?

A continuación os dejamos un artículo de una compañera nicaragüense, Bertha Massiel Sánchez, integrante del movimiento feminista nicaragüense y trabajadora social. Ella nos cuenta de su propia mano, qué está pasando en Nicaragua y las estrategias de terror del actual presidente Daniel Ortega.

Las estrategias del terror de Ortega

Desde el 18 de abril en Nicaragua hemos asistido a un levantamiento popular del que no se tiene recuento en las últimas décadas. Las primeras protestas por las reformas a la seguridad social y luego contra la brutal represión del gobierno se mantienen hasta la fecha, exigiendo la salida del Gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo y justicia por las más de 300 personas asesinadas.

Las gigantescas manifestaciones, las barricadas en los barrios, los estallidos en redes sociales y la ola de solidaridad con quienes protestan, han desbordado al régimen de Ortega, que después de verse con un mínimo apoyo popular, ha respondido con más brutalidad a las protestas.

A pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos desde distintos rincones del mundo, Ortega no ha cesado en la represión, no ha desarmado a los grupos paramilitares y ha boicoteado el diálogo que se creó para gestionar una salida pacífica y democrática ante la crisis. Salida que a todas luces pasa por la renuncia de Ortega, reformar las leyes vigentes, el llamado a elecciones anticipadas y justicia ante los crímenes.

Para mantenerse atrincherado en el poder, Ortega ha desplegado una serie de estrategias del terror, con el propósito de acallar las protestas, asegurar que se trata de un grupo de delincuentes que pretenden dar un golpe a su legítimo gobierno y mostrarse como líder aclamado.

El terror de las balas: Desde abril, la policía nacional y grupos parapoliciales subordinados del gobierno han disparado balas de plomo, gases lacrimógenos y todo tipo de armas contra quienes protestan. Han utilizado franco tiradores, drones, armas de alto calibre y estrategias de guerra. Han atacado manifestaciones multitudinarias de gente desarmada como lo vimos en directo el 30 de mayo. Desde hace semanas alardean desde los canales de televisión oficial y en voces de los mismos funcionarios del gobierno con la “Operación limpieza” acompañadas de frases como “a los golpistas, plomo, plomo, plomo”, para referirse a los ataques armados contra la población en las barricadas que se levantaron para protegerse de las balas y contra estudiantes dentro de las universidades. Estas incursiones, que funcionan como ejército de ocupación, además de levantar los adoquines, han cobrado la vida de muchas personas y la desaparición forzosa de quienes apoyaban o participaban en los tranques. A plena luz del día y en la complicidad de la noche, las camionetas último modelo recorren las ciudades llenas de parapoliciales armados, acompañados con policías uniformados para establecer un toque de queda de facto y evitar las manifestaciones públicas de quienes denuncian al Orteguismo.

El clientelismo bajo los juegos del hambre: Es evidente la pérdida del apoyo popular a Ortega, quien a contrareloj trabaja para conseguir mostrar un músculo popular del que carece. Son secreto a voces las reuniones de sus representantes del partido en las ciudades con retirados del ejército y exguerrilleros, que les convocan a “defender la revolución hasta las últimas consecuencias”. Intenta colocar en el imaginario que esto se trata de un ataque del imperio contra la segunda etapa de la revolución, cuando realmente es la población de todas las ideologías cansada de las injusticias. Promete puestos, dinero y tierras, lo último utilizado también para amenazar a posibles empresarios opositores, otrora aliados de su gobierno. En las últimas semanas, hemos visto a los líderes del partido llevar a gente pobre a ocupar tierras con la promesa de que cuando acaben “con la derecha” se les otorgará títulos de propiedad. Les dan armas, están acompañados por policías y altos dirigentes del partido que les empujan a disparar contra manifestantes y evitar que se levanten barricadas en las ciudades. En Chinandega hemos visto con dolor como los pobres asesinan a otros a cambio de un pedazo de tierra. Ésta vez la estrategia clientelar y la utilización del hambre para comprar lealtades ha sido demasiado perversa, criminal e inhumana.

Criminalización de la protesta: Utilizando la asamblea nacional bajo su total control, el Frente Sandinista aprobó el lunes una ley contra el terrorismo que amenaza con encarcelar a quienes protestan contra el gobierno y todo acto de solidaridad con quienes resisten. En la absoluta coordinación de la policía que saca de sus casas a disidentes y el sistema judicial que les juzga por terrorismo y una larga lista de crímenes, la asamblea aprobó de 15 a 20 años de cárcel para quienes se atrevan a “desestabilizar al gobierno”. Después de semanas de campañas en redes sociales y los canales de televisión dirigidos por los hijos de Ortega y Murillo, tildando de terroristas a quienes protestan, sumado a la nula institucionalidad en el país, es de esperarse que se empiece a juzgar a quienes se encuentran encarcelados actualmente sin debido proceso, así como toda voz crítica y opositora al régimen de Ortega.

En las últimas semanas hemos visto la escalada de represión de la que son testigos periodistas, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Expertos en Derechos Humanos que investigan los crímenes así como la población nicaragüense que sufrimos la impotencia de las claras injusticias y de los crímenes acompañados de falsos llamados a la paz por Rosario Murillo y Daniel Ortega. Toda la sangre derramada, tanto sufrimiento y represión contra quienes pedimos justicia en el país es la clara respuesta de quienes no tienen más que bala porque el apoyo popular lo perdieron hace mucho. Las pintas en las calles con la promesa de “Nicaragua florecerás” nos llena de esperanza porque sabemos que en Nicaragua los dictadores tienen tiempo límite y la población la capacidad para reconstruir éste país que nos duele tanto. Los grafitis escritos con letras enormes en el centro de las ciudades son una promesa, como el que se encuentra en la rotonda Rubén Darío en Managua que dice “Daniel; ni creas que se nos va a olvidar”.

 

Bertha Massiel Sánchez.

Nicaragüense.

Integrante del movimiento feminista nicaragüense y trabajadora social.

Fuente de las fotografías: ANPDH y Jorge Eduardo Mejía